“La dirección de asuntos indígenas, Rom y minorías” del Ministerio del Interior tiene como función principal “llevar registros censales de comunidades indígenas de acuerdo con lo estipulado en los artículos 7 y 35 de la ley 89 de 1890, y las directrices establecidas por la dirección de Asuntos indígenas, Rom y minorías en concordancia con la circular CIR 09-301 de diciembre del 2009”.  Como también, tiene la función de ejercer control y vigilancia a fin de “evitar que los derechos de las comunidades y pueblos indígenas les sean negados y en cambio otorgados a otros sectores sociales”.

 

Es decir, son los encargados de vigilar que las personas que se encuentran en el autocenso indígena si sean pertenecientes a la comunidad ya que este ministerio es el que da el aval para que las demás entidades públicas les entreguen los beneficios que les corresponde por ley  a las comunidades indígenas. Además, de que son los encargados de hacer veeduría para que los recursos que les proporciona el estado si lleguen a las manos de los indígenas.

 

De ahí, que sea tan importante que las comunidades estén registradas en este ministerio. Ya que este les otorga el cumplimiento de los beneficios económicos, políticos, etc.; como lo es la exoneración de prestar el servicio militar, las prestaciones de salud, la educación gratuita, la dotación de tierras, entre otros.

 

No obstante, esto implica que el estado debe otorgar bastante dinero para el cumplimiento de los beneficios de estas comunidades especiales. Por lo que se puede inferir que el hecho de que haya tan pocas comunidades registradas en este ministerio tiene que ver, como lo dice la Organización Nacional Indígena Colombiana, con que al estado no le conviene aceptar legalmente más comunidades indígenas porque esto le implica suministrar mayores recursos para estos fines.

 

De esta manera, si se observan todas las gráficas que presentamos en este espacio, existen muchas comunidades que tienen bastante población indígena asentada en Bogotá e incluso cabildos conformados para el desarrollo de sus funciones sociales, económicas y políticas como la comunidad Nasa o Embera, pero aun así no les han sido otorgados todavía los registros; aunque, ya se encuentran radicadas las solicitudes de registros de comunidades como la Cacique Aima, Eperara Siapidara OIEIB, Embera Katio y Embera Chamí-Cieckch, Uitoto de Bogotá, Nasa de Bogotá, Cabildo Wounaan Nonam “Nonamnaan Juapa” y Chibcha de Bacatá.

 

Muchas veces se cae en el error de creer que una comunidad es totalmente reconocida cuando el alcalde asiste a una inauguración de un cabildo indígena, pero no es así. Solamente, cuando se cumple con el proceso con el Ministerio del Interior y con las demás entidades, se puede afirmar ese verdadero reconocimiento a la comunidad, aunque esto no implica que las propias comunidades se autoreconozcan como pueblos indígenas.

 

Es por ello, que el proceso que deben cumplir las comunidades indígenas en primera instancia, es obtener la aprobación de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas, empero el Ministerio del Interior dice que en este momento no se están desarrollando procesos de registro en este casco urbano, hasta tanto no se defina una política pública sobre el particular en la Mesa Permanente de Concertación, trayendo como consecuencia mayor dificultad para que las comunidades puedan ser reconocidas en esta entidad.

 

Por otro lado,  es importante tener en cuenta que según el fallo del Consejo de Estado proferido por la sección primera de la sala contenciosa administrativa otorgado el 13 de septiembre del 2014 establece que tanto la Alcaldía Mayor de Bogotá como el Ministerio del Interior solo están habilitados para llevar registro de las decisiones que adopten las autoridades indígenas y vigilar todos estos procesos.  Sin embargo, esto evidencia que tanto las decisiones del estado, como las decisiones de las autoridades indígenas no son autónomas, sino que dependen la una de la otra, complejizando los procesos cuya finalidad debe ser la de buscar proteger la diversidad étnica.

 

Teniendo en cuenta todo esto, es posible evidenciar la importancia que tienen los censos, ya que de ahí depende que se estipule cierta cantidad de recursos y no otros a una comunidad, como también que se reconozcan los derechos de los individuos y las poblaciones.  Es por eso, que la vigilancia frente a estos procesos como el censo, es tan ardua por parte del estado. Ya que a través de los años, se han presentado problemas con algunas comunidades indígenas que aumentan el número de  su población para obtener mayores recursos o  comercializan con los certificados indígenas con personas que no lo son porque otorgan beneficios, dejando por fuera del censo a individuos que realmente sí pertenecen a la comunidad, desviando de esta manera los recursos públicos a entidades o personas que no les corresponde. Por otro lado, también existen personas que se hacen pasar como indígenas para reclamar ilegalmente dinero del estado.

 

En el caso de la población indígena existen dos tipos de censo. Uno que lo realiza la propia comunidad cada año y otro que lo realiza el estado cada diez años. El último censo realizado para toda la población colombiana fue en el 2005, pero según la ONIC, Organización Nacional Indígena Colombiana, el censo a la población indígena se debió haber realizado este año, pero no lo hicieron.

 

A pesar de que existen muchas crónicas que hablan sobre el número de población indígena que existía cuando los españoles y portugueses llegaron a América, solo hasta 1777 se realizó el primer censo a los indígenas que evidencia un crecimiento hasta el 2005, según la fuente del DANE.